Familiares, académicos y activistas urgen al Estado reparación integral por desapariciones

El Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), el Colectivo Entre Cielo y Tierra y el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo AC (CEPAD), exigieron al Estado garantizar la reparación integral del daño de los familiares de personas desaparecidas por medio de la adecuación del marco jurídico de la Ley de Atención a Víctimas para la modificación presupuestal.

La Coordinadora del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la UdeG, doctora Carmen Chinas Salazar, enfatizó que el organismo universitario ha señalado las irregularidades del gobierno estatal respecto a la búsqueda, registro y reparación del daño de las víctimas.

“La UdeG ha alertado sobre situaciones que reclaman respuestas urgentes respecto a las desapariciones en Jalisco y la falta de atención a un problema multidimensional y complejo que demanda soluciones y estrategias claras”, precisó.

Chinas Salazar detalló que las autoridades están obligadas a establecer un sistema que permita buscar y esclarecer los hechos respecto de las desapariciones. Destacó también que sin presupuesto para la reparación del daño la ley es letra muerta. “Pero también que es su deber prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito de desaparición de personas; a la par deben de otorgar a los familiares todas las garantías y medidas que la propia Ley de Atención a Víctimas da para la atención, ayuda, asistencia y reparación integral”, dijo.

La Coordinadora del Colectivo Entre Cielo y Tierra, Martha Leticia García Cruz, madre del joven desaparecido César Ulises Quintero García, dijo que ante un Estado fallido incapaz de frenar la violencia, la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) podría reparar el daño con el retorno de su hijo.

“La violencia se ha convertido en un medio de exterminio y de control para los ciudadanos: necesitamos ser escuchadas para que sepan que el medio de reparación del daño para mí sería justamente que me regresaran a mi hijo”, compartió.

Para la integrante del Colectivo Entre Cielo y Tierra, Zonia Griselda Gómez Zúñiga, mamá de Jorge Eduardo Martínez Gómez, estudiante de la carrera de Negocios Internacionales en el CUCEA, desde su desaparición, hace más de siete años, éstos han sido de confrontación con las autoridades.  

“Tengo siete años y nueve meses sin poder cuidar de mi hijo. Hemos estado luchando a lo largo de este tiempo contra la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía General de la república y ahora parece que también estamos luchando en contra de la CEEAV”, denunció. 

La abogada del Colectivo Entre Cielo y Tierra, licenciada Elia González Fregoso, destacó que, además de la falta de esclarecimiento y localización de las personas desaparecidas, los jueces desconocen la Ley General de Atención a Víctimas, y ante resoluciones en favor de los familiares, la CEEAV se ampara para evitar la reparación del daño. 

“Aun sabiendo que es un derecho que la propia ley le ha brindado a las víctimas y que tiene la obligación de cumplir, la CEEAV revictimiza cuando es la que debe velar por los derechos y que no se violen los derechos de las víctimas, y lo hacen con los juzgados de distrito”, apuntó.

La Codirectora del CEPAD, maestra Anna Karolina Chimiak, dijo que la reparación integral del daño es obligación de las autoridades para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación a los derechos humanos de las víctimas.

“Hay una doble dimensión en la reparación integral del daño que incluye el derecho fundamental de las víctimas a la reparación y que busca establecer la situación anterior a la violación a los derechos humanos o delito para cesar sus consecuencias y reparar los daños causados”, declaró la Codirectora del CEPAD. 

La reparación integral del daño incluye la rehabilitación física, psicológica y social; además de las medidas de satisfacción que resultan ser más subjetivas para restablecer la dignidad de las víctimas y que el Estado reconozca su responsabilidad, además de las garantías de no repetición.

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Texto: Adrián Montiel González
Fotografía: Fernanda Velazquez