Expertos debaten sobre la incidencia delictiva, su medición y el impacto social

En el Congreso sobre Seguridad Pública, Análisis, Retos y Perspectivas, que tiene lugar en el CUCEA

El combate a la delincuencia, desde hace algunas décadas, se ha hecho desde la trinchera gubernamental mediante el manejo de las estadísticas, que obedecen a una serie de factores, expresó el titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UdeG, doctor Dante Haro Reyes.

 

Al participar en el Congreso Sobre Seguridad Pública, Análisis, Retos y Perspectivas, que tiene como sede el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de esta Casa de Estudio, en la mesa “La incidencia delictiva, su medición y el impacto social”, Haro Reyes expresó que en cuanto a las estadísticas hay instituciones serias que lo pueden hacer y otras que sesgan la información.

 

“Es difícil poder distinguir a la seguridad objetiva, que es la que tiene que ver con los datos duros y la subjetiva, que es la percepción que tienen las personas de sentirse libres, ausentes de todo daño o riesgo”, apuntó. 

 

Compartió que Jalisco se encuentra entre las cinco entidades del país que suman más de 50 por ciento de los delitos de alto impacto. A nivel nacional, si se preguntara si hay un México seguro o inseguro, habrá que ver de qué parte del país hablamos, ya que lugares como Los Cabos o Mérida están por debajo de la media nacional, y hay diferentes explicaciones; no es que no haya delincuencia, sino que hay un control más adecuado de la seguridad.

 

“Uno de los actores principales para combatir la inseguridad son los policías, que tienen una serie de deficiencias. Hoy como nunca antes existe un abandono federal en el tema y a  las corporaciones policiacas, sobre todo municipales, les quitan recursos. Además, ese camino de la militarización de la seguridad pública nos lleva a la percepción negativa de la  ciudadanía”, indicó. 

 

El Coordinador del doctorado en Derecho, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), doctor Arturo Villarreal Palos, declaró que afortunadamente desde hace más de 20 años se ha dejado de depender de las estadísticas gubernamentales, y eso es un paso muy importante para la medición de la criminalidad.

 

“La sociedad civil ha estado abriendo espacios, sobre todo a partir de las encuestas de victimización, que son muy importantes para quienes diseñan la política anticriminal y generan las políticas públicas, no sólo en materia de control de la criminalidad, sino para quienes modelan las leyes”, dijo.

 

Añadió que se suelen diseñar políticas públicas basadas en la intuición y experiencias personales, que no son siempre acertadas; lo mejor es auxiliarse de mecanismos que aportan otras disciplinas.

 

“De cada 100 delitos que se cometen en el país, la autoridad no conoce de 93, y de esos siete que entran al sistema penal la probabilidad de sentencia es quizás de uno, y ese siete por ciento basta para colapsar a las prisiones”, señaló.

 

El Jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinares de Ciencias Penales del CUCSH, doctor Rogelio Barba Álvarez, dijo que tenemos un código penal diversificado en el país, con tipos penales que no coinciden en razón de las penas y configuración de los delitos.

 

“En Nuevo León y Guanajuato no se establece el concepto de ‘delito’; en Tamaulipas y Nuevo León aún reconocen la autoría intelectual, que ha desaparecido.Tenemos que analizar cada uno de los códigos penales para poder aportar cuál es la medida preventiva y política criminal a seguir para contener a la criminalidad”, subrayó 

 

Como juristas se tiene la obligación de analizar, estudiar, proponer un sistema penal acorde con las necesidades políticas y criminales de la sociedad, agregó. 

 

El Director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, maestro Augusto Chacón Benavides, compartió que la encuesta correspondiente a la calidad de vida de 2022 reveló que los tapatíos confían muy poco en la policía.

 

“En una encuesta del uno al cinco, donde uno es nada y cinco es mucho, las tapatías y los tapatíos confían 2.7 en la policía y 2 en el Estado. Si los crímenes son posibles, sucederán sin que alguien lo impida, porque desde esta misma concepción de la incidencia delictiva hay un elemento que lo potencia, la impunidad”, apuntó. 

 

La mesa fue moderada por la doctora Aurea Esther Grijalva.

 

 

Atentamente
“Piensa y Trabaja”
“2023, Año del fomento a la formación integral con una Red de Centros y Sistemas Multitemáticos”
Guadalajara, Jalisco, 17 de noviembre de 2023

 

Texto: Laura Sepúlveda
Fotografía: Edgar Campechano Espinoza