Redes sociales de funcionarios no deben bloquear a usuarios, y se debe transparentar el dinero que se gastan en éstas

Todo lo que se difunde en las redes sociales de instituciones y funcionarios tiene carácter público y, por lo tanto, los servidores públicos no deben bloquear a usuarios sin motivo aparente, además de que deben informar cuánto dinero emplean en su operación, señalaron los participantes en el foro “Las redes sociales digitales. Su relación con los derechos a la información y a la protección de datos personales”.
 
El foro tuvo lugar en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, y fue organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI), la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, el Gobierno de Jalisco y la LXII Legislatura del Congreso local.
 
En la inauguración, la Comisionada Presidenta del ITEI, maestra Cynthia Cantero Pacheco, señaló que hay una línea delgada entre la vida privada y la pública en el caso de funcionarios, y esto debe ser discutido.
 
“Sabemos que los usuarios de estas herramientas son cada vez más críticos e interesados en participar y ser escuchados, por eso resulta pertinente el estudio sobre la frontera entre la libertad de expresión y el respeto a la intimidad”, declaró.
 
La Coordinadora de Transparencia de la UdeG, maestra Natalia Mendoza Servín, explicó que esta reflexión es de gran pertinencia ante el incremento de usuarios de redes sociales y el uso que las instituciones públicas le dan para difundir información de sus actividades.
 
“El presente foro tiene como finalidad el intercambio de ideas y opiniones desde los campos de la función pública, autoridades, órganos de gobierno y el sector privado. Donde las empresas profesionales y la sociedad civil otorgarán su saber práctico para alcanzar el fin último de los derechos humanos: la dignidad humana”, dijo.
 
El Comisionado del ITEI, Salvador Romero Espinoza, quien llevó este tema a la Comisión Jurídica que él encabeza en el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), recordó que el 29 de agosto se difundieron los lineamientos de publicación de información en redes sociales para instituciones y funcionarios, luego de varias sesiones de trabajo.
 
El Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), doctor Francisco Javier Acuña Llamas, recordó que este tema generó una de las discusiones más álgidas en el SNT.
 
Máxima apertura en redes sociales
En el panel “Las redes sociales digitales y el derecho a la información pública”, la catedrática de la UdeG y Coordinadora del Centro de Formación en Periodismo Digital (CFPD), maestra Rosalía Orozco Murillo, consideró un avance el que los órganos garantes de todas las partes del país tendrán la obligación de revisar que se integre un Registro Público de Cuentas de Redes Sociales Oficiales, pero está pendiente que los funcionarios que utilizan sus cuentas personales para difundir información de carácter público estén obligados a darse de alta en esa base de datos.
 
“Un punto trascendente es el que obliga a los órganos públicos a desagregar el gasto público que destinan a la gestión de redes sociales. Muchos no sabemos cuánto se destina a la gestión de redes. Desde la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) hemos preguntado al respecto a funcionarios, y a veces es muy difícil saberlo”, indicó Orozco Murillo, quien preside el Capítulo Jalisco de la AMEDI.
 
Recordó que las áreas de comunicación social están obligadas a archivar y hacer resguardo de toda la información que se publica en cuentas oficiales de redes sociales.
 
La Secretaria de Acuerdos de Ponencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), maestra Guadalupe Jimena Sotelo Gutiérrez, compartió los alcances de la sentencia de la segunda sala de la corte, en la que se ordenó al Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, desbloquear en la red de Twitter al periodista Miguel León.
 
Afirmó que esta sentencia, por ahora, genera criterio orientativo para jueces y magistrados, es decir, aún no sienta jurisprudencia; pero, a pesar de ello, es de trascendencia para la vida democrática del país, pues esgrime principios para la ponderación de derechos cuando chocan el derecho a la privacidad de los funcionarios y el derecho a la información de la sociedad.
 
“El derecho a la intimidad y a la vida privada, o de los derechos a la personalidad en general, sufren una disminución en el caso de los servidores públicos, porque ellos voluntariamente quisieron someterse a un mayor escrutinio de la sociedad. Así que sus actividades y manifestaciones toman notoriedad pública de la que todo mundo puede tener acceso, y que están interesados en el debate público de cualquier sociedad democrática”, dijo.
 
El Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, doctor Antonio Flores Allende, indicó que bloquear a un usuario es negar el derecho de acceso a la información, consagrado en el artículo sexto de la Constitución. Y aclaró que los funcionarios son los únicos responsables de lo que se publica en las redes.
 
“Hubo quien decía que tenemos un equipo, que es el que se encarga de alimentar la red social, pero a final de cuentas, el responsable de lo que se publica es el funcionario. No se puede alegar, el día de mañana: ‘Yo no dije eso, fue mi secretario particular’. Asume la obligación el funcionario que lo pública”, añadió Flores Allende.
 
La Diputada local, maestra Mariana Fernández Ramírez, recordó que en 2012 la SCJN ordenó a un alcalde de Nogales que desbloqueara a sus opositores políticos, y que lo que se publica en las redes sociales oficiales tiene calidad de boletín.
 
 
A t e n t a me n t e
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jalisco, 2 de septiembre de 2019
 
Texto: Julio Ríos
Fotografía: Abraham Aréchiga