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SEP da la razón a la UdeG

Dice que el problema es financiero, con ello contradice la versión del Gobierno de Jalisco de que es político.

La Secretaría de Educación Pública reconoce que las relaciones del Gobierno de Jalisco con la Universidad de Guadalajara guardan hoy un estado de tensión preocupante. La prolongación o desbordamiento de las actuales circunstancias puede tener consecuencias en el sistema de la educación superior pública y, aún más, en el clima de  concordia de la entidad.

La SEP considera que, con respeto absoluto a la soberanía del estado y a la autonomía de la Universidad de Guadalajara, es posible encontrar mecanismos de diálogo que permitan acercar a las partes y encontrar fórmulas de solución, cuyo punto de partida reside en la buena disposición del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez y del señor Rector de la Universidad de Guadalajara, doctor Marco Antonio Cortés Guardado.

La causa del desencuentro entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara es de carácter financiero. Como es sabido, el financiamiento a las universidades públicas del país proviene de varias fuentes: (1) la de mayor cuantía es el subsidio ordinario que las universidades públicas estatales obtienen de la convergencia tanto de recursos federales como estatales; (2) existen otras fuentes, principalmente los llamados fondos extraordinarios y los recursos que provienen de los ingresos propios (por concepto de cuotas de matrícula, donaciones, venta de servicios, etc.), entre otros.

Subsidio Ordinario
La participación federal al subsidio ordinario varía de una entidad a otra. En promedio es de 66.5 por ciento y la aportación estatal asciende a 33.5 por ciento.

• Es superior a 85 por ciento en entidades como Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán. 
• Sólo en tres entidades federativas, la aportación estatal es actualmente superior a la federal. Este es el caso, en la actualidad, de Jalisco, Sonora y Veracruz.

Las diferencias en el financiamiento de las universidades públicas estatales tienen su origen en acuerdos históricos entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados. Cualquier eventual modificación a la aportación federal debe ser aprobada por el Congreso de la Unión y/o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el caso particular de la Universidad de Guadalajara, la aportación originalmente era en  52 por ciento de origen federal y 48 por ciento estatal. Sin embargo, en el año 2000, el Poder Legislativo estatal promovió una iniciativa en la cual se obligaba al titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco a contemplar, en la iniciativa de Presupuesto de Egresos, “el incremento de recursos económicos para la Universidad de Guadalajara por un importe de 120 millones de pesos a partir del 2001 y acumulable hasta el año de 2006, actualizados sobre la base del índice inflacionario anual oficial que publique el Banco de México”. Esta iniciativa modificó el peso de las aportaciones estatal y federal.

Conviene señalar que esta decisión fue de carácter local. Además, el gobierno del estado no gestionó a partir de 2001 recursos de contrapartida de origen federal para acompañar la aportación estatal creciente. Si bien la aportación federal establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación disminuyó gradualmente en términos proporcionales, aumentó sistemáticamente en términos absolutos, de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

La Federación ha cumplido puntualmente cada año con los compromisos financieros pactados. Desde 2007 hasta 2010, la SEP ha entregado puntualmente a la Universidad de Guadalajara, por concepto de subsidio federal ordinario, alrededor de 9 mil millones de pesos. Cabe precisar que el Gobierno Federal no ha acompañado con recursos suplementarios las aportaciones adicionales realizadas por el gobierno del estado a partir de 2001, simple y llanamente porque no hubo negociación y acuerdo alguno entre las dos partes.

En consecuencia, el problema actual entre el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara no guarda relación, bajo ninguna circunstancia, con las aportaciones federales al subsidio ordinario, sino que, como se refiere a continuación, se relacionan con los fondos extraordinarios.

Fondos extraordinarios
Los fondos extraordinarios son una herramienta de política pública que permite avanzar hacia un presupuesto basado en indicadores y resultados. Actualmente, dichos fondos se concursan y están sujetos a reglas de operación estrictas. Las universidades públicas estatales someten a la SEP sus proyectos para obtener recursos de los fondos extraordinarios con el fin de ampliar la matrícula o mejorar la calidad de los programas.

Los fondos han representado un apoyo importante para las universidades públicas estatales dado que el subsidio ordinario se destina casi exclusivamente para nómina y gastos de operación (entre 85 y 95 por ciento, dependiendo de la institución). Los fondos extraordinarios permiten invertir en infraestructura, calidad, pertinencia e innovación. La instrumentación de los fondos de concurso ha tenido un impacto positivo tanto en la cultura organizacional de las universidades públicas mexicanas, como en los indicadores específicos de desempeño. Entre 2007 y 2010 se han distribuido por esta vía 22 mil 469.4 millones de pesos entre las universidades públicas estatales.

Las convocatorias para concursar por recursos de los fondos extraordinarios se emiten en el primer trimestre de cada año, mediante la presentación pública de los Lineamientos para la Presentación de los Proyectos, que están disponibles en el portal de la Secretaría de Educación Pública. Las instituciones tienen que someter proyectos de crecimiento de la matrícula o de mejora de la calidad para obtener recursos extraordinarios. Los proyectos son evaluados por comités de pares, supervisados por Transparencia Mexicana, como testigo social.

De acuerdo con los Lineamientos para la Presentación de los Proyectos, tres de los fondos extraordinarios destinados a las universidades públicas estatales (Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa, Fondo para Incremento de Matrícula y el Fondo de Reconocimiento de Plantilla) y una partida adicional de resarcimiento del subsidio ordinario requieren recursos de contrapartida estatal. En consecuencia, uno de los requisitos para participar en estos fondos de concurso es la presentación de un oficio del gobierno estatal, en el cual éste se compromete a otorgar el pari passu (ejercicio concurrente) correspondiente. En caso de que la aportación estatal no sea entregada, la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, está obligada, a partir de 2009,  a solicitar a los gobiernos estatales la devolución de los recursos otorgados por la Federación.

El Gobierno Federal ha entregado a la Universidad de Guadalajara alrededor de 700 millones de pesos por esos tres fondos extraordinarios y la partida de resarcimiento. En consecuencia, la SEP, en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, ha solicitado al gobierno del estado evidencia de que efectivamente ha otorgado los recursos de contrapartida a la Universidad de Guadalajara. La SEP está en espera de la respuesta formal por parte del gobierno de la entidad.

La SEP manifiesta su plena disposición para participar activamente en la construcción de los espacios de diálogo que permitan la pronta solución de este conflicto. Coincidente con numerosas expresiones vertidas por el Poder Legislativo, la ANUIES y diversos sectores de la academia y de la sociedad mexicana, la SEP expresa su disposición para intervenir como instancia mediadora, siempre y cuando las partes así lo consideren pertinente.
 
A T E N T A M E N T E
“Piensa y Trabaja”
“2010 año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución”
Guadalajara, Jal., 2 de octubre de 2010

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